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Militares en los aeropuertos.

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12-12-2010 - (Gallego) Aunque, como es evidente, apenas cumplen órdenes y no hacían ostentación de armas ni detalle alguno que aumentara la sensación de temor o de coacción, su función, cuando así lo determinaron los políticos de Madrid, era imponer, mediante el temor, lo que no se supo conseguir con el diálogo y la negociación.

No parece en absoluto que existan motivos para tal desmesura. De hecho, hace pocos meses, toda la aviación europea paró a causa de la erupción de un volcán y no hubo ningún tipo de hecatombe que pusiera en evidencia la necesidad, en el caso actual de España y sus controladores, de movilizar al ejército. Molestias, por supuesto, pero el tipo de tragedia o calamidad nacional que requiera tal tipo de iniciativa, en absoluto.

En ese sentido, parecen mucho más peligrosas el resto de resoluciones que se tramaron en el famoso consejo de ministros del viernes día 3. Como por ejemplo, la retirada de las últimas ayudas de 420 Euros que podrían paliar la desesperada situación de los parados de larga duración, la privatización parcial de los dos únicos aeropuertos de España que aún dan beneficios, la privatización parcial de la lotería nacional que solo da beneficios al Estado, el aumento de los impuestos al tabaco “para reducir su consumo y velar por la salud”, según reza en el acta de dicho consejo de ministros, o la reducción de impuestos a ciertas empresas.

Todas y cada una de ellas resoluciones que sí podrían, o deberían, ocasionar una revuelta social, posiblemente solo evitada por la difusión y publicidad dada al asunto de los controladores, que constituyó la perfecta “tapadera” para ocultar el resto de graves medidas, atentatorias contra el bienestar general y el interés nacional, para beneficio de una minoría.

Ni los militares ni cualquier otro ciudadano podrían, ni sabrían,  hacer el trabajo de los controladores, su función no es realizar el trabajo que otros no quieren hacer, sino obligar a quienes sí saben, a que realicen unas labores determinadas y a que las realicen incluso en contra de su voluntad, mientras, altos cargos del gobierno manifiestan públicamente que los van a procesar penalmente e intentar meterlos en la cárcel.

No me gustaría subir a un avión sabiendo que va a estar controlado por profesionales bajo este tipo de coacciones y amenazas.

Parece ser que el gobierno pretende ampliar el estado de alarma. Tal acción no será posible sin la complicidad de otros partidos, alguno de los cuales estará aplaudiendo con las orejas el precedente que ha sentado este partido (“Socialista y Obrero”), ahora en el gobierno y que deja la puerta abierta a futuras actuaciones similares.

No extraña tal pretensión, a nadie se le ocurre amenazar con penas de hasta ocho años de cárcel a trabajadores de los que dependen para controlar las operaciones aéreas y pretender que éstos lleven a cabo sus tareas alegremente y de forma voluntaria. Es evidente que la única manera de que trabajen es a la fuerza.

Asistimos atónitos al hecho de que se utilice el ejército contra trabajadores que defienden sus derechos mientras vemos como los ladrones, los corruptos y los saqueadores de la política y de las finanzas, actúan con total impunidad, no siendo objeto de las actuaciones del fiscal general, ni de la policía, ni de la justicia, mucho menos del ejército. El mundo al revés.

El sistema que nos tiene bajo sus botas demuestra, con este acto, que está dispuesto a imponer el saqueo de la riqueza nacional al precio que sea. A sangre y fuego si es necesario, preferentemente engañando a la aborregada sociedad que reacciona cual rebaño a las consignas transmitidas a través de los medios, utilizando fraudulentamente la representación popular, engañando y mintiendo pero que, llegado el caso, no dudará en utilizar la violencia.

Hasta la presente fecha, el expolio se llevó a cabo sin tensiones excesivas y sin actos violentos debido a la pasividad, indolencia y credulidad de una mayoría de la  población, alienada en unos casos e indefensa en otros, que ha asistido al expolio de las grandes empresas propiedad del  Estado y a la transformación de los sueldos dignos y de los derechos laborales, en beneficios para unos pocos accionistas.

Es posible que en esta ocasión hayan topado con la medida de su zapato, la opinión pública empieza a cambiar, la enorme difusión del conflicto, las manifestaciones de organismos internacionales y una mayor información de la ciudadanía, están poniendo en evidencia las trampas y mentiras de ciertos truculentos personajes que, cual parásitos, viven a costa de vender a los ciudadanos y de traicionar a su patria.

No nos extraña que los controladores que se hallan procesados, pretendan ser juzgados por tribunales militares. Cualquiera confía más en el honor y la dignidad de nuestras fuerzas armadas, que en la truculencia y la mentira de los impresentables que, a diario, nos roban y atentan contra la soberanía nacional.

 

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